WAIWEN TV || Por Huenumil Caniqueo
La judicialización del conflicto #chileno_mapuche se ha transformado, para amplios sectores del mundo mapuche, en uno de los principales mecanismos utilizados por el Estado chileno para evitar abordar el contenido político e histórico de sus demandas territoriales.
Desde el retorno de Chile a la democracia en 1990, pasando por los distintos gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura militar, la promesa de diálogo y entendimiento con la #nación_milenaria ha convivido paralelamente con operativos policiales, allanamientos masivos, persecución judicial y una permanente construcción mediática asociada al delito, la violencia y el terrorismo.
Para las comunidades en resistencia, particularmente en territorios como #Temucuicui, este patrón no sería casual, sino parte de una estrategia de desgaste político y comunicacional destinada a impedir que el debate se traslade hacia asuntos de fondo: territorio, autonomía, restitución, desarrollo y convivencia duradera.
JUDICIALIZACIÓN Y MONTAJES
Nadie podría discutir que el narcotráfico y el alcohol representan fenómenos destructivos para múltiples comunidades y pueblos originarios del continente. Sin embargo, desde la visión mapuche, existe una crítica más profunda: la utilización política de estos fenómenos como herramienta de intervención territorial y descomposición social.
La comunidad de Temucuicui ha sido, durante años, uno de los principales focos de judicialización por parte del Estado chileno. Pero al mismo tiempo, gran parte de los casos emblemáticos impulsados desde el aparato persecutor chileno han terminado debilitados o desestimados en los propios tribunales de ese país.
El #lonko_Victor_Queipul volvió a insistir sobre aquello tras el reciente allanamiento efectuado en la comunidad, calificando el operativo como parte de un “show político” construido para instalar culpabilidades anticipadas en la opinión pública.
El #dignatario_vitalicio de la nación mapuche participó en la audiencia de formalización durante la madrugada posterior al procedimiento policial, cuestionando duramente el lenguaje utilizado por fiscales y autoridades judiciales “Si se quiere contribuir al respeto y al diálogo, también deben cuidar su vocabulario porque aquí todos están hablando deslenguadamente”, expresó el Lonko frente al tribunal chileno abordado por medios de comunicación.
Según Queipul, el procedimiento mezcló hechos distintos con el objetivo de asociar a Temucuicui con drogas y delitos comunes, instalando una narrativa funcional al discurso político de sectores contrarios a las demandas territoriales de la nación mapuche “Aquí siempre se ha querido tener mala intención con la comunidad de Temucuicui. Hemos pasado cosas como el Caso Huracán, la vez pasada como la misma institución de Gendarmería acusó a los peñi por secuestro y luego 17 de ellos resultaron absueltos. ¿Qué nombre le podemos poner a esto?”, cuestionó.
El lonko recordó que múltiples procesos anteriores terminaron favoreciendo judicialmente a comuneros mapuche luego de extensas prisiones preventivas y años de investigación “Vamos a asumir la responsabilidad como corresponde y como siempre lo hemos hecho, pero después de largos procesos los tribunales nos han dado la razón”, señaló.
EL PESO DEL CASO HURACÁN
Dentro de las referencias más sensibles aparece nuevamente el denominado Caso Huracán, el montaje policial impulsado en 2017 por una de las principales instituciones policiales de ese país, #Carabineros_de_Chile mediante pruebas falsificadas efectuó una serie de procedimientos que sólo termina con determinación judiciales sin una postura honorable de reconocimiento de las instituciones chilenas que llevaran a movilizar actos de disculpas a su contraparte mapuche.
Para la nación milenaria mapuche, dicho episodio marcó un precedente decisivo: confirmó que parte de la estructura estatal chilena estaba dispuesta a fabricar escenarios judiciales para sostener la tesis del terrorismo.
Queipul sostiene que el reciente allanamiento reproduce elementos similares “La persecución, la militarización y la judicialización son una constante hacia nosotros” asimismo aclara “Desde nuestra parte siempre lo hemos llamado a sentarse para discutir las demandas que ellos saben que tienen, pero su actitud es ocultar la deuda histórica del Estado chileno con nosotros, sobreponiendo delitos a las causas reales del asunto”, afirmó.
INDUCIDORES POLÍTICOS DE LA VIOLENCIA
Uno de los actores más visibles en la confrontación pública con organizaciones mapuche ha sido #APRA, agrupación gremial de La Araucanía que constantemente vincula la violencia rural con reivindicaciones territoriales mapuche.
Desde instituciones mapuche existe sospecha respecto a la rapidez con que ciertas figuras políticas y organizaciones acceden a información de atentados o hechos de violencia antes incluso que las propias policías.
Algo similar ocurrió durante el proceso electoral chileno de 2025, cuando el entonces candidato y hoy senador Rodolfo Carter apareció rápidamente en zonas de atentados registrados en Vilcún, Carahue y Cunco, promoviendo un discurso centrado en militarización y control territorial “A los violentistas les decimos que no van a intimidar a La Araucanía. No van a doblegar a la gente de trabajo ni a las comunidades que quieren vivir en paz”, declaró Carter en aquel momento.
desde organizaciones mapuche “Estas declaraciones son interpretadas como parte de una narrativa política que reduce el conflicto exclusivamente a seguridad y violencia, evitando abordar dimensiones históricas y estructurales” esclarecen sus memoriales políticos de distintos parlamentos.
Mas evidente en su desgarrador desprecio es la Diputada Gloria Naveillan, una figura imposible de ajustarle grados de sobriedad, constantemente cuestionada y reconocida por mantener una línea discursiva que asocia las reivindicaciones mapuche con terrorismo.
La congresista chilena no contempla espacios para discutir aspectos políticos superiores del conflicto como: la relación histórica entre Chile y la nación mapuche; los mecanismos de convivencia; los modelos de desarrollo territorial; las formas de cooperación económica; el parlamentarismo histórico entre ambas naciones.
Para las comunidades, la insistencia en el enfoque termina funcionando como un bloqueo permanente a cualquier salida política.
MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO
Pese al escenario de confrontación, la orgánica ancestral mapuche desde sus parlamentos insiste en que existe contenido histórico, político y filosófico suficiente para construir relaciones duraderas de convivencia.
Parlamentos, tratados, autonomía territorial, administración comunitaria, cooperación económica y reconocimiento político son parte de un debate que las comunidades aseguran haber planteado históricamente.
Sin embargo, denuncian que el Estado chileno continúa priorizando operativos policiales, militarización y estrategias judiciales por sobre espacios reales de entendimiento.
Desde #Wallmapu, la crítica es clara: mientras Chile siga intentando resolver un conflicto histórico únicamente desde la lógica penal, la distancia política entre ambas partes continuará profundizándose.
Por: Waiwen TV.