Cinco años pasaron desde que comenzó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que buscaba ser pionero en la incineración de residuos en Chile. El lugar elegido por los empresarios fue Lautaro, a un costado de la ruta 5 Sur, sitio que recibiría 200.000 toneladas de basura al año. Es decir, la cantidad de basura que genera toda la región de la Araucanía.

El proyecto no tardó en generar el rechazo por parte de las organizaciones civiles, las comunidades mapuche y la misma Municipalidad de Lautaro: la emisión de dioxinas, furanos, metales pesados y gases ácidos, la inexperiencia de la empresa WTE y la prohibición explícita del plano regulador a la instalación de una planta de estas características son algunos de los cuestionamientos que surgieron como inquietudes de la comunidad, producto de decenas de jornadas informativas y reuniones realizadas por la RADA en Temuco y Lautaro.

De ahí en adelante pasaron cinco años en los que, gracias al trabajo liderado por la Red de Acción por los Derechos Ambientales en coordinación con organizaciones de Lautaro y Temuco, con comunidades mapuche de Lautaro, y con la Municipalidad de esa comuna, se acumularon más de 16.000 observaciones ciudadanas que demostraron el rechazo generalizado al proyecto. Otra de las gestiones coordinadas fue la solicitud de consulta indígena por parte de las comunidades, que fue negada por parte del SEA que contestó tres años después a esa solicitud. De los factores que llaman la atención, de esos cinco años de evaluación, cuatro estuvieron en calidad de “suspensión”. Esto quiere decir que la empresa WTE tuvo cuatro años para redactar adendas y respuestas a las observaciones.

Se acaba el plazo

Este 17 de marzo se cumplía el plazo límite para la votación del proyecto por parte de los Seremis. Curiosamente, el 22 de febrero de 2022 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respondió a la solicitud de consulta indígena que enviaron las comunidades el 7 de septiembre de 2019, señalando que esta consulta no tenía lugar ya que el titular aseguraba que las comunidades no sufrirían ningún daño.

Un día después, el 23 de febrero, el SEA publicó el Informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental (ICE), recomendando aprobar el proyecto, para posteriormente citar a votación de los Seremis el 3 de marzo. El SEA quería a toda costa que el proyecto se aprobara antes del cambio de gobierno.

Sin embargo, sucedió algo inusual. Llegada la hora para comenzar la Tabla de Comisión Evaluadora y ante la sorpresa de la directora regional del SEA, Andrea Flies, sólo la Seremi de Medio Ambiente, Paula Castillo, se encontraba presente en la sesión. El resto de los votantes no asistieron y tampoco enviaron justificación o a un subrogante que votara por ellos.

Ante la evidente necesidad de WTE y el SEA de aprobar el proyecto antes de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric, se citó a comisión nuevamente para el 9 de marzo. Esta vez, ni siquiera alcanzó a comenzar la sesión. Un día antes, los Seremis informaron que no asistirían a votar. Definitivamente los Seremis del gobierno saliente no quisieron cargar con la responsabilidad de apoyar este proyecto transversalmente rechazado por las autoridades de Lautaro y por toda la comunidad de la región de la Araucanía.

La votación

El 17 de marzo, entonces, era el plazo máximo para votar el proyecto. De lo contrario, el titular puede solicitar su aprobación por “silencio administrativo”. Cuatro nuevos Seremis fueron nombrados el mismo día y a las 15:00 horas comenzó la sesión.

Luego de una extensa presentación del proyecto, se dio la palabra al alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli, quien se encontraba en el Centro Cultural de Lautaro junto con organizaciones y comunidades mapuche. Schifferli señaló “Yo he vivido toda mi vida acá, 12 años como concejal y ahora segundo periodo como alcalde, conozco a todas las comunidades. Y que no se haya hecho la consulta indígena me sorprende. Han vulnerado a las comunidades mapuche”.

Luego habló Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). La activista señaló irregularidades en el proceso de evaluación por permitírsele a la empresa la entrega de 3 adendas sin justificación para ello. La negación de la consulta indígena solicitada por las comunidades, fue una falencia del proceso de evaluación también señalada por Parra, quien afirmó que “el impacto de este proyecto no se circunscribe a los 2,5km a la redonda señalados por la empresa, por lo que las comunidades mapuche claramente se verían afectadas de manera significativa y directa. Declaró también que “este proyecto está en contra de las políticas chilenas en cuanto a economía circular, energía, cambio climático y manejo de residuos (…) Chile se ha comprometido a avanzar hacía el desarrollo de energías renovables y limpias, y en este caso estamos hablando de una termoeléctrica que funciona con basura, lo cual por supuesto que atenta contra esas políticas. El proyecto debió haber sido calificado como Industria Peligrosa por la SEREMI de Salud, ya que pretende incinerar residuos peligrosos como pilas, baterías, residuos electrónicos, PVC y otros plásticos que contienen sustancias tóxicas, y por las emisiones de dioxinas, furanos y metales pesados que generaría afectando la salud de las personas de manera permanente, y dañando las actividades agropecuarias del entorno. Esta contaminación afecta especialmente a las mujeres ya que las dioxinas tienden a bioacumularse en la materia grasa de la que las mujeres tenemos más que los hombres. El proyecto no cumple con el plan regulador de Lautaro que en su artículo 20 establece la prohibición de la instalación de plantas de tratamiento de basura dentro del límite urbano de la comuna” Por último la activista señaló que “sería una irresponsabilidad enorme aprobar un proyecto que elevará la contaminación atmosférica de una zona al borde de transformarse en zona saturada, con un plan de compensaciones de emisiones que simplemente no existe”.

Finalmente se llevó a cabo la tan esperada votación, que finalizó con la posición a favor del SEA y con 6 votos en contra, del delegado presidencial Raúl Allard y los Seremis recién nombrados en las carteras de Medio Ambiente, Salud, Obras Públicas, Agricultura y la subrogante de Vivienda que a pesar de pertenecer al gobierno anterior, votó también en contra del incinerador.

Los aprendizajes y desafíos

De esta manera el proyecto fue tajantemente rechazado, lo cual es una victoria para toda la región de la Araucanía y para el país. Ahora tenemos intacta la posibilidad de comenzar a implementar una política seria en torno a la gestión de residuos como es la estrategia Basura Cero, para que dejemos de gastar recursos en falsas soluciones, como lo son rellenos sanitarios y los incineradores, una tecnología obsoleta en Europa y ahora tratan de imponerla en el sur global.

La votación también muestra la importancia de elegir a las autoridades políticas con énfasis en quienes tienen disposición a escuchar a la ciudadanía y responder a sus demandas, y no por quienes tienden a ceder a las presiones de los poderosos que no se cansan de engordar cuentas bancarias a costa de los territorios y las comunidades que los habitan. Tener autoridades que respondan a la ciudadanía y no a los grandes empresarios, también es un logro ciudadano que debemos resguardar. Para todo esto, la movilización y el compromiso colectivo ciudadano son fundamentales.

La formación de redes y el fortalecimiento del trabajo colectivo tanto a nivel local como a nivel país en este caso con la Alianza Basura Cero Chile, y a nivel internacional con GAIA, son invaluables a la hora de sumar fuerzas para lograr vencer estos proyectos en conflictos de larga data como este, donde el cansancio de la lucha de años se supera fácilmente con el apoyo de estas redes.

La incineración de basura sigue rondando las zonas del país donde el manejo de los residuos hace crisis, como en el archipiélago de Chiloé. Esperamos que esta experiencia de defensa ciudadana de los territorios y la naturaleza, sirva para desarrollar todas las luchas que sean necesarias para dejar la incineración de basura fuera de las prácticas municipales, y avancemos en todo Chile hacia soluciones reales como Basura Cero.