Fallo del Tribunal Constitucional que protege la Ley de Espacios Costeros generó diversas reacciones destacadas de diversos actores, resaltando el respeto a los derechos indígenas en la Constitución y la legitimidad del debate sobre la tramitación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios.
Reacciones al fallo que protege la Ley de Espacios Costeros: triunfo de derechos indígenas y cumplimiento constitucional
En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2025, que buscaba suspender la tramitación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) amparados en la ley 20.249. Este fallo, emitido el 9 de enero, ha generado diversas reacciones, destacando las de parlamentarios y figuras públicas.
Desde Aysén, el periodista Patricio Segura, en una columna publicada por El Divisadero, calificó la medida como un intento de vulnerar la Constitución y acusó a los parlamentarios responsables de “instrumentalizar la Ley de Presupuestos” para fines ajenos a su naturaleza. Segura cuestionó duramente las motivaciones detrás de esta iniciativa, calificándola como un intento “racista” y una acción que “trastoca en oportunismo” el debate legislativo. Asimismo, enfatizó que la resolución del TC es un mensaje claro sobre los límites del poder legislativo frente a los derechos fundamentales.
“Este debate nos hereda una pregunta fundamental: si la derecha está dispuesta a violar la Constitución para imponer su agenda, ¿qué más está disponible a hacer para lograr sus objetivos políticos?”, se pregunta Segura.
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado (PS), de origen mapuche williche, expresó su satisfacción en redes sociales: “Celebramos la determinación del Tribunal Constitucional… ¡Un triunfo a la justicia!”. Lideró junto a 41 parlamentarios el recurso que desestimó la indicación contra la Ley de Espacios Costeros. Por su parte, el diputado Daniel Melo, jefe de la bancada socialista, señaló en Radio Universidad de Chile que el fallo “marca un precedente importante” y evita que “se pase de contrabando” la modificación de leyes fundamentales en discusiones presupuestarias.
Desde la Cámara Alta, el senador Francisco Huenchumilla (DC), también de origen mapuche, subrayó la importancia de la decisión: “Este fallo es un paso importante para proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar el respeto a la legislación vigente”. Huenchumilla destacó que el TC no solo reafirmó la inconstitucionalidad de la indicación, sino también los principios de igualdad ante la ley y la no regresividad en derechos humanos.
El fallo también fue aplaudido por comunidades indígenas como la Identidad Territorial Lafkenche y la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, quienes habían advertido que el artículo 48 atentaba a los derechos indígenas y al acceso al mar, esencial en su cosmovisión y forma de vida.
Comunidades y especialistas han concordado que este veredicto del TC no solo salvaguarda los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, sino que también refuerza la importancia de legislar con apego a la Constitución y respeto por los principios democráticos, cerrando una polémica que marcó la discusión legislativa del último año.
De esta forma, la sentencia representó un hito en la defensa de los derechos indígenas, la protección ambiental y la legitimidad del proceso legislativo, consolidando un precedente para futuros debates en torno a políticas públicas relacionadas con pueblos originarios y sienta un precedente futuro para legisladores que quieran impulsar retrocesos en los derechos indígenas.
Pronunciamiento de la Identidad Territorial Lafkenche
La Identidad Territorial Lafkenche emitió una declaración pública valorando el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2025. “Valoramos la sentencia de inconstitucionalidad… como una señal inequívoca del respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas”, señalaron, destacando que este respalda los derechos indígenas y frena los intereses empresariales. Critican la falta de presupuesto para implementar la Ley Lafkenche, lo que ha generado dificultades para los pueblos originarios y otros usuarios del mar.
Además, aclararon que el supuesto conflicto entre pescadores artesanales y comunidades es una manipulación de intereses industriales. “El supuesto conflicto entre comunidades y pescadores solo es una marioneta de los intereses empresariales”, afirman, invitando a trabajar juntos para un desarrollo sostenible. Cuestionaron también las prácticas del mercado: “¿Cómo es posible que sigan siendo los compradores e intermediarios quienes fijen los precios de los productos del mar?”, destacando la necesidad de valorizar el trabajo de los pescadores.
Enfatizaron la importancia de la unidad: “Por la mar no se pelea, por la mar debemos estar unidos”, y recordaron que los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPOs) no restringen el acceso ni el libre tránsito. “Los ECMPOs por ley no pueden negar el acceso, el libre tránsito y el ejercicio de usos recreativos”, subrayan.
Finalmente, llamaron a la opinión pública a informarse y participar en diálogos para resolver problemáticas, reafirmando su compromiso con la inclusión y el espíritu de la Ley Lafkenche.