Desde el viernes 28 de diciembre la familia Ibañez sufre acoso, violencia y deforestación del monte nativo en su hogar que se encuentra ubicado en la finca El Pongo, localidad de Perico, provincia de Jujuy. La familia habita 37 hectáreas que hoy están siendo arrasadas por las topadoras.
“Mi familia está hace más de 100 años, se compone de mis padres, mis tres hijos y dos nietos, todos vivimos aquí, tenemos cabras, vacas, pollo y perros”, relata Griselda Severino Ibáñez. «Rompieron el alambrado, tiraron árboles que llevaban añales en pie: algarrobos, chañares, quebrachos. Ayer casi me atropellan con la topadora por impedir que siga avanzando. Todo para entregar el terreno a empresas chinas».
La familia denuncia que no se respetaron los 10 días de apelación para ejecutar el desalojo, bajo la solicitud de la jueza Sandra Torres y a pedido del abogado Oliver Alanís, ex funcionario del gobierno de Morales que se desempeñó como Coordinador de Despacho del Juzgado Administrativo de Minas.
En feria judicial, la jueza Sandra Torres ordenó el desalojo a la familia campesina que habita hace más de 100 años en la zona de Hornillos en Perico. Este desalojo, al igual que varias otras familias que ya fueron expulsadas de esta finca está relacionada con la construcción de la obra civil de la planta de capitales chinos en el Parque Industrial de Perico, donde se fabricará insumos básicos para la producción del carbonato de litio.
Los desalojos a familias campesinas en la finca El Pongo se vienen dando desde el 2021 y sin ofrecerles ninguna opción de vivienda o de trabajo, ya que los habitantes de allí vivían de la horticultura y de la crianza de animales.
En 2022 un caso muy resonante y doloroso fue el desalojo de Margarita Ortega de 85 años a quien sacaron a los empujones y destruyeron su casa sin ninguna contemplación. La Finca El Pongo son aproximadamente 12.000 hectáreas que el ex Gobernador de Jujuy Gerardo Morales comenzó a despojar a las familias porque destino varias hectáreas al cultivo de marihuana medicinal “Cannava”, que está manejado por su hijo Gastón Morales.
No conforme con ese despojo en 2023 la provincia de Jujuy vendio parte de las tierras de la finca con Tsingshan Mining Development S.A, compañía que fabricará insumos para la producción del carbonato de litio. Al ser tierras fiscales, el Estado provincial puede determinar cuál será su uso.
«No somos usurpadores, somos familias con raíces profundas en esta tierra. Una familia que vive más de 100 años no puede ser usurpador», relato con dolor Griselda Ibáñez.