El director regional de Conaf responsabilizó a la INDUSTRIA FORESTAL de la propagación de incendio devastador en el Gran Concepción, lo que fue una catástrofe anticipada por la acumulación de residuos forestales en unas 4.000 hectáreas, convertidas en un verdadero “polvorín”.

La Corma advirtió desde abril 2025 que, sin quemas controladas en invierno, el riesgo era altísimo: simulaciones preveían peligro para 30.000 viviendas y 6.200 hectáreas desde Coronel hasta Tomé.

Solicitaron autorización excepcional, respaldada por Conaf y Bomberos, argumentando que la biomasa acumulada durante seis años (principalmente de Forestal Arauco) alimentaría megaincendios.

La ventana legal de quemas (octubre-noviembre 2025) era solo 42 días, insuficiente; el chipeo como alternativa era lento y costoso.

La Delegación Presidencial pidió permiso en mayo 2025, pero quedó en tramitación sin respuesta.

La Seremi de Medio Ambiente priorizó normas de descontaminación y salud, negando excepciones sin estudios previos.

Nadie asumió responsabilidad plena: forestales acumularon desechos, autoridades cumplieron la norma burocrática, y la petición no prosperó.

El sábado 17 enero 2026, con vientos de 50 km/h y 28 °C, el fuego inició cerca del Puente 1 (Concepción-Florida), propagándose rápido a Penco, Tomé y otras comunas.

Resultado: más de 500 viviendas destruidas, 19 fallecidos en la región del Biobío, miles evacuados y estado de catástrofe decretado.

El artículo critica que la tragedia era evitable con gestión preventiva, pero la rigidez normativa y la falta de acción coordinada permitieron que el riesgo latente se convirtiera en desastre.

se sabía de la acumulación de desechos de la industria forestales con anticipación.

¿Por qué no se solucionó a tiempo?