En una exhaustiva investigación, el abogado Pablo Núñez Jara, como parte de una tesina presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo en el Magíster en Derecho Ambiental, el profesional analiza el impacto de la salmonicultura en áreas protegidas de la región de Aysén. Según el estudio, 323 concesiones acuícolas operan en zonas bajo resguardo ambiental, incluyendo el Parque Nacional Isla Magdalena, la Reserva Nacional Las Guaitecas y otras áreas protegidas. Estas actividades cuestionan la compatibilidad de la industria con principios de preservación y sostenibilidad establecidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la Ley Nº 21.600 de biodiversidad y áreas protegidas.
La Ley 18.892, base de la LGPA, estipula que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado estarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”. Sin embargo, la normativa posterior permitió excepciones, generando una proliferación de concesiones en áreas como la Reserva Nacional Las Guaitecas, que concentra 315 centros de cultivo industriales de salmones.
Impactos ecosistémicos alarmantes
El estudio detalla cuatro impactos clave de la salmonicultura:
- Introducción de especies exóticas: Los salmónidos, ausentes de los ecosistemas chilenos, generan competencia y depredación de especies nativas, afectando la biodiversidad.
- Uso excesivo de antibióticos: Chile lidera el uso de antibióticos en la salmonicultura, con un promedio de 333 gramos por tonelada producida en 2018, comparado con 57 gramos en Canadá y 1 gramo en Noruega. Esto incrementa la resistencia bacteriana y afecta la fauna marina cercana.
- Escapes masivos de salmones: Eventos como el de 2018 en Calbuco liberaron 690.000 ejemplares, menos del 6% fueron recapturados. Los salmones asilvestrados representan un riesgo para los ecosistemas marítimos y de agua dulce.
- Generación de entornos anaeróbicos (fondos marinos muertos): La acumulación de materia orgánica y la eutrofización generan hipoxia (ausencia grave o total de oxígeno), propiciando florecimientos algales tóxicos y mortalidades masivas.
Conflictividad administrativa y judicial
De acuerdo al trabajo de investigación, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha sancionado centros de cultivo por episodios de sobreproducción y mal manejo de mortalidades. En 2021, Cooke Aquaculture enfrentó medidas cautelares tras incumplimientos ambientales en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Asimismo, tribunales civiles en Puerto Aysén han procesado múltiples casos de infracciones a la normativa vigente.
Núñez enfatiza que “las técnicas productivas utilizadas en la acuicultura generan externalidades negativas que contradicen los objetivos de preservación de las áreas protegidas”. Esto plantea la necesidad de revisar la viabilidad de estas actividades en zonas resguardadas.
Un llamado a la acción
El informe concluye que la salmonicultura intensiva es incompatible con los principios ecosistémicos establecidos en las leyes chilenas de conservación de la naturaleza y con el objetivo de las áreas protegidas. Inclusive se detectó que 17 concesiones de cultivo de salmón se entregaron en Reserva Nacional Guaitecas de manera absolutamente ilegal. La falta de planes de manejo adecuados en áreas protegidas y la permisividad en la entrega y operación de concesiones salmoneras siguen perpetuando los daños al medio ambiente en sectores marinos que deberían estar protegidos por el Estado.
“La integridad de las áreas protegidas no puede sacrificarse en aras del desarrollo industrial,” subraya Núñez. El estudio llama a una fiscalización más rigurosa y al fortalecimiento de las leyes ambientales para salvaguardar el patrimonio natural de Chile.